El nuevo sistema de justicia panel acusatorio, que en Guerrero comenzó a operar escalonadamente en septiembre del 2014, y a partir del 18 de junio en todo el país, no es la panacea, y no hay que ilusionarse mucho.El experto en derecho procesal penal y veterano abogado postulante Román Ibarra Flores calificó al nuevo sistema como una “imitación extra lógica” del sistema de justicia norteamericano, y opinó que el gobierno federal “quiere darnos atole con el dedo haciéndole toda la propaganda, como si se cifrara en él la esperanza de resolver el problema de impunidad, cuando en los hechos no es así”.Consultado para Trinchera, el abogado aseguró que a casi un mes de que comenzó a operar en todo Guerrero (el primero de junio comenzó en Acapulco y el 20 de mayo en Chilpancingo, las últimas dos regiones que faltaban), ya está ocurriendo que se están dejando en libertad, por fallas del Ministerio Público o de las policías, a gentes que son culpables.
Aunque Ibarra reconoció algunos beneficios, como el hecho de que ya no será posible que la policía torture para fabricar culpables, o que detenga más allá del plazo al detenido sin ponerlo a disposición de la autoridad, criticó que el nuevo sistema es “autoritario y violatorio de derechos humanos”, porque como en el anterior, el gobierno sigue teniendo la facultad de mandar a un preso que presuntamente cometió un delito a otro estado del país, como por ejemplo de Chilpancingo hasta Sonora, si así lo quiere.
Explicó que en el denominado “procedimiento abreviado”, que en el nuevo sistema se aplica en delitos que no tengan una penalidad cuya media aritmética rebase los cinco años, se establece que aunque sea inocente, el detenido tendrá que declararse culpable para que pueda tener derecho a la prerrogativa de libertad inmediata.
Ibarra Flores fue entrevistado en su despacho de Chilpancingo. Tiene maestría en la especialidad de derecho procesal y constitucional. Es abogado postulante desde 1983 y desde hace 15 años es profesor en la materia de Derecho procesal penal en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, y –como él dijo en la entrevista– está obligado a conocer los dos sistemas de justicia: el anterior y el nuevo.
Ventajas y desventajas
De entrada reconoció que en México sí se requería una reforma, pero no tenía que ser ésta, “a la que yo, en lo particular, denomino imitación extra lógica, porque se trajeron de Estados Unidos algo que les pareció bien sin analizar si encuadra en el país”.
Dijo: “Yo tengo claro que el país necesitaba una reforma, pero no sólo en materia penal, sino de todo el sistema de justicia: federal, estatal y municipal”.
Para Ibarra Flores, el gobierno federal “quiere darnos atole con el dedo con ese sis- tema, haciéndole toda la propaganda, como si se cifrara en él la esperanza de resolver la impunidad, que, sin embargo, no se resuelve con ese nuevo sistema”.
Por ejemplo, dijo que es una práctica de las policías sembrar cosas a las personas que caen en sus manos, como droga o armas, y agregó que esto lo van a poder seguir haciendo en el nuevo sistema, y que no hay nada para evitarlo que pueda hacer el Ministerio Público.
“Si la policía dice en su parte informativo que (el detenido) fue encontrado en flagrancia de un delito, con eso es suficiente, aunque no sea cierto. Su palabra vale”.
El abogado declaró que el nuevo sistema no puede evitar que los policías, militares o los marinos siembren drogas o armas a alguna persona a la que quieran perjudicar, aunque reconoció que una ventaja es que ahora ya no la podrán golpear, porque hay una obligación jurídica de revisarla médicamente, y si está golpeada, la liberan de inmediato.
Agregó que otra desventaja, es que en el “procedimiento abreviado” que existe en el nuevo sistema y que se aplica para delitos que no tengan una penalidad cuya media aritmética rebase los cinco años, “aunque seas inocente, para que te den esa prerrogativa te tienes que declarar culpable”.
Otra ventaja que reconoció el veterano abogado, es que en el nuevo sistema de justicia hay sistemas alternos de solución de conflictos, y se puede llegar a un convenio con la víctima de robo, por ejemplo, cuando se garantizarse la reparación del daño.
En resumen, Ibarra Flores consideró que “no hay que ilusionarse mucho con el nuevo sistema de justicia penal, porque no está diseñado para resolver el problema de la impunidad. “En este país, donde 240 mil gentes están en las cárceles, 70 mil, por lo menos, están presos por delitos de 700 u 800 pesos y con el nuevo sistema ese asunto se resolvería, pero los que ya están en la cárcel allí van a seguir”, declaró.
El profesor en derecho procesal penal agregó, por otra parte, que en el nuevo sistema “hay un defecto exageradamente grave”, puesto que, como en el anterior, aún existe la posibilidad de que el gobierno puede mandar a un preso que cometió el delito en Chilpancingo, por ejemplo, hasta Sonora si quiere, por un convenio entre gobiernos para hacerlo.
“Eso viola la Constitución y los derechos humanos, pero lo están haciendo, como el caso de Nestora Salgado”, dijo en referencia a la promotora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
Consideró que el nuevo sistema puede estar muy bien y tener 10, pero que sólo por ese “defecto” le pone en cero, en cuanto a la falta de respeto a los derechos humanos, cuando se habla de presuntos culpables y de la presunción de inocencia.
Agregó que esto es “espantoso”, no sólo para los familiares de los detenidos, sino hasta para los abogados penalistas, porque están sufriendo por falta de trabajo cotidiano, “porque ya no es negocio. Dime qué persona va a tener dinero para pagar un abogado que vaya a ver a su familiar a Hermosillo, por ejemplo, si el asunto empezó en Chilpancingo. Eso demuestra que el sistema de justicia mexicano es autoritario y violatorio de los derechos humanos, nada más por ese aspecto”.
Están poniendo en libertad a presuntos culpables
Al abogado también le llama la atención que los que promueven el nuevo sistema no mencionan que éste va a funcionar paralelamente al anterior con una cantidad casi igual de expedientes. “Ahorita son muy pocos los expedientes del sistema nuevo, pero con el tiempo se van a incrementar y los juzgados tradicionales van a seguir funcionando igual que los nuevos durante muchos años”, adelantó.
–¿No se garantiza la despresurización de los procesos, como se asegura, entonces?
–El modelo está diseñado para eso, por la figura del procedimiento abreviado, y por los convenios que se pueden hacer como mecanismos de soluciones alternas del conflicto, pero los delitos graves no se benefician de estas figuras. Los acusados de los delitos graves no tienen ningún derecho.
Dijo que hay aproximadamente un millón de expedientes en todo el país que van a seguir resolviéndose con el sistema anterior hasta que se desahoguen, y que eso será hasta dentro de varios años. “Mientras vemos si el nuevo sistema resulta”.
–Se habla de la falta de capacitación del personal. ¿Cómo está funcionando el nuevo sistema al respecto en estos primeros días?
–Al inicio no se va a notar porque hay ministerios públicos y jueces que preparó el gobierno. Eso no tiene mayor problema. El problema es para los abogados particulares.
En el nuevo sistema deben tener un perfil especial, tienen que demostrar que manejan el nuevo sistema; si hay un titubeo en alguna audiencia y demuestran que no manejan el tema, el juez tiene facultades para desplazar al defensor particular por un defensor público.
Pero el abogado reconoció que ya está ocurriendo que están dejando en libertad a gentes que son culpables por fallas del Ministerio Público o de las policías, puesto que ahora no tienen por qué retener ni un minuto a los imputados sin ponerlos a disposición de la autoridad.
“A partir de que detienen a una persona tienen que llevarla al Ministerio Público con su parte policiaco. Si lo retienen una hora innecesariamente, al llegar al juez de control, lo van a liberar porque no se respetó el plazo”, dijo, y agregó que esto es lo que ya está ocurriendo, aunque no entró en detalles al respecto.
“Mi percepción es que no tienen, todos los elementos policiacos, la capacitación que se requiere para tener un buen desempeño en el nuevo sistema de justicia penal, pero vamos a esperar a que el gobierno nos convenza de que sí preparó a los policías para un buen desempeño. Vamos a darle el beneficio de la duda”, dijo.
No era necesario una reforma al sistema así
Explicó que en México no era necesario un sistema así, porque el problema de la delincuencia no es un asunto de justicia penal, sino de política económica y de desarrollo social, pues si no hay empleos suficientes, y los pocos que hay no tienen los salarios adecuados, “está provocando que los jóvenes sean tentados por los ofrecimientos de la delincuencia organizada, que es otra sociedad que está a la par con la sociedad formal del país”.
Añadió que lo que se está poniendo en marcha aquí es una “copia extra lógica del sistema gringo”, y que allá sí les funciona, pero aquí no. Por ejemplo, expresó que él no aceptaría verse obligado a declararse culpable para estar fuera de la cárcel, siendo inocente. “Yo lo que quiero es una sentencia que diga que soy inocente, no que me ayuden a que me declare culpable para poder salir libre”, como se establece en el “procedimiento abreviado”.
Aunque reconoció que en el sistema nuevo hay una mayor claridad y transparencia en el proceso, porque los juicios se ventilan en espacios donde puede entrar público y con aparatos electrónicos de video filmación, “no es la panacea”.
Dijo: “A mí me pondría contento si me dijeran que encontraron el secreto para lograr que la gente ya no delinca y eso sólo se puede encontrar en el terreno de la economía y de las políticas públicas. Pero el problema de la aplicación del derecho en México es que desvinculan la norma de la política y de la economía, cuando la explicación de muchos problemas, están en esas dos actividades”.
