viernes, 8 de julio de 2016

Denuncia ciudadano que autoridades de la CRAC-PC de San Luis Acatlán le quitaron su teléfono celular

Redacción
San Luis Acatlán, Gro.
8 de julio de 2016


A la redacción de Diario Alternativo, el pasado jueves 7 de julio, Julio Oropeza Miranda, originario de la comunidad de Arcelia del Progreso, municipio de Azoyú, denunció al comandante de la policía comunitaria de la casa de justicia de El Tamarindo, de San Luis Acatlán, y al coordinador Hipolito Mosso por arrebatarle su teléfono celular Samsung S7, valuado en 16 mil pesos, mientras grababa una reunión.
Según el agraviado, mientras se realizaba una reunión donde se trataba asuntos del agua potable, y también lo relacionado con el caso de César Bautista, a quien anteriormente tenían detenido en esa casa de justicia para quitarle su terreno, Julio Oropeza sacó su teléfono celular para grabar los asuntos a tratar, y el coordinador Hipólito Mosso y un comandante (cuyo nombre no sabe) le arrebataron su teléfono, acusándolo de tener nexos con César Bautista, sólo por ser éste su excusado.
Aunque el agraviado se defendió diciendo que él no tenía nada qué ver con ese asunto, eso no basto para los comunitarios, quienes se llevaron su teléfono y hasta la fecha no han querido devolvérselo.
Desde el día 19 de mayo, en que se celebró esta reunión, hasta estos días, han sido dos las ocasiones en las que Julio Oropeza se ha presentado a las instalaciones de la CRAC-PC a reclamar su celular, pero todo ha sido en vano, porque se lo han negado y en una ocasión le dijeron que no se encontraba el comandante y que se lo harían llegar en el transcurso de la semana, sin embargo no ha recibido nada.
Cabe mencionar que el agraviado no ha hecho una denuncia ante las autoridades por este hecho, ya que confía en que se lo entreguen, pues le es necesario porque lo han dejado incomunicado con su familia; sin embargo, son muchos los pretextos que se le han puesto para poder recuperarlo.
Por este motivo, a través de este medio pide al gobernador del estado que se haga justicia y, de ser posible, se cambie a estos coordinadores o se les capacite para que puedan hacer bien su trabajo, dar un trato justo a las personas y al pueblo en general, sin arbitrariedades de este tipo, ya que no es la única persona a la cual le han violado sus derechos.