Minería, ¿el fondo de la masacre de Oaxaca?
La masacre de Nochixtlán, Oaxaca, donde 11 personas perdieron la vida, más de cien quedaron heridas y 18 fueron sacadas de un funeral para ser presentadas como detenidas por la Policía Federal, no sólo muestra el grave retroceso democrático que vive México, donde a una manifestación civil se responde con el uso de armas de fuego de calibre pesado pese a estar prohibidas para disuadir cualquier protesta social en los protocolos internacionales. También muestra la incapacidad del secretario de Educación, Aurelio Nuño, para entablar un diálogo y realizar una reforma educativa que incluya a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje plenamente en el impulso de la educación en México.
Pero, más allá de liberar una vía de comunicación, ¿cuáles son las razones de fondo para que el gobierno mexicano actuará de esta forma? ¿Qué intereses ocultos y abiertos se expresan detrás de esta masacre? ¿Por qué el ataque despiadado de la Policía Federal contra los habitantes de Nochixtlán?, ¿Por qué este lugar? Tratemos de acercarnos a una respuesta.
El gobierno de Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales con sus reformas estructurales, las que vienen a posibilitar el despojo de tierras en zonas campesinas e indígenas de México. A diferencia de la reforma de los años 90´s, hoy el capital extranjero puede invertir plenamente y a través de la ley nacional de hidrocarburos establecer esquemas de servidumbre –así se definen– donde los campesinos pueden recibir una renta únicamente para la explotación petrolera, de gas y de minerales. Se define, en ese sentido, como uso prioritario el energético y mineral, por debajo de la producción alimentaria o el ganadero. Dicha reforma ha ido avanzando fuertemente en estados del norte del país y, particularmente, en Veracruz. El despojo y afectaciones en la salud por la minería y el fracking (explotación de gas y petróleo a través de la fractura de la tierra con agua a alta presión) ya se viven y se palpan en muchas regiones de México.
Pero es en los estados del sur-sureste de México –en que la tradición agraria es más fuerte– donde el capital enfrenta resistencias y una decidida oposición a sus intereses. Casualmente el 1 de junio, unos días antes de la represión en Oaxaca, se dio el decreto de Zonas Económicas Especiales, mediante el cual se construyen espacios para el capital trasnacional (ECT) que les permitiría construir la infraestructura de enclave necesaria para la explotación y exportación de los recursos minerales, energéticos (como los eólicos ya instalados en el Istmo oaxaqueño) y de agrocombustibles, que poseen de manera relevante estas zonas.
Por tanto, lo que se verifica en el estado de Oaxaca es ese proceso de descomposición de los tejidos sociales y comunitarios mediante la violencia (cerco a los comunes) que permitiría el aprovechamiento y disposición plena de estas zonas a la dinámica de acumulación por desposesión que tienen las empresas mineras extranjeras y los capitales nacionales y extranjeros que fueron subastados en las rondas 1 y cero del año pasado.
Esto es grave. Si miramos un mapa, podemos ver que este proceso de erosión y violencia de lo común inició con fuerza en el estado de Michoacán, con el dominio pleno del narcotráfico de muchos territorios (recordemos a ‘la familia michoacana’ y las masacres de Apatzingán y de Tanhuato), bajó con fuerza a Guerrero, donde la masacre de Iguala de los estudiantes de Ayotzinapa mostró las alianzas del poder político con el narcotráfico y la minería en la explotación del oro en la región. Y llega ahora a Oaxaca, de manera estrepitosa, con esta noticia que da la vuelta al mundo. Esta tendencia hacia el sur nos formula la pregunta: Después de Oaxaca, ¿sigue una nueva masacre en Chiapas, entonces?En el fondo esta lógica de Shock –retomando a Naomi Klein– busca desterritorializar estos espacios, es decir, que los habitantes abandonen sus otras lógicas productivas y de racionalidad campesindia (Bartra) para imponerles plenamente su condición de asalariados y la subordinación agrícola a las necesidades del capital financiero trasnacional.
El jefe de la Policía Federal y encargado finalmente de la masacre de Oaxaca, Enrique Galindo, suma ya una larga lista de desalojos violentos y de ejecuciones extrajudiciales. El lideró el desalojo de maestros del zócalo de la ciudad de México en el 2013, con varios golpeados y gaseados. El 20 de noviembre de 2014, la expulsión del zócalo también de la gran manifestación que encabezaron los padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa. Bajo su mando, la eliminación de las autodefensas de Michoacán en Apatzingán dejó 16 muertos, en enero de 2015, y en Tanhuato fueron muertas 43 personas acusadas de narcotraficantes.
Por tanto, no se puede afirmar que Galindo no posee experiencia en el tema. Fue algo fríamente calculado lo que sucedió en Oaxaca el pasado domingo; lo que no previeron fue que los filmarían activando las armas de fuego, lo cual siguen negando hasta la fecha.
Nochixtlán, Oaxaca, según estudios de la secretaría de Economía del gobierno de EPN, tiene un potencial minero que data desde la época colonial, para el caso del oro y la plata, en las minas de El Dorado y La Soledad, y desde mediados del siglo pasado, para el manganeso. Tiene cinco áreas de minerales, que son Huaclilla-El Parián, Buenavista, Jaltepec, Jalpetongo y La Joya. Mantiene uno de los promedios más altos de obtención de mineral por tonelada, y existe en ese territorio un potencial de explotación de gas. Y es zona de enlace entre las zonas mineras de la mixteca oaxaqueña, donde empresas privadas como Minerales del Norte, del grupo AHMSA, han iniciado la explotación mineral de hierro, afectando los derechos de los pueblos indígenas.
Según información de la secretaría de Energía del gobierno federal, más del 15 por ciento del territorio oaxaqueño –más de un millón de hectáreas– se encuentra ya concesionado a empresas mineras para exploración y explotación. Entre esas empresas destacan extranjeras y mexicanas como: Golden Trump Resources, S. A. de C. V, Linear Gold Corp., Arco Resources Corp., Zalamera, S. A. de C. V., filial de Chesapeake Gold Corp., Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc., Linear Metals Corp., Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc. e Intrepid Mines Ltd.
Ya en febrero de este año, habitantes de 48 comunidades y representantes de 30 organizaciones exigieron la cancelación de 400 concesiones y 35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca; organizaciones civiles como EDUCA, Tequio Jurídico, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y Servicio del Pueblo Mixe, entre otras, apoyaron dicho pronunciamiento.
Criminalizar y asesinar a miembros de organizaciones como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), el Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), el Frente Popular Revolucionario (FPR) o la Comuna de Oaxaca, entre otras organizaciones sólo tiene el objetivo de sembrar terror en el estado y poder realizar plenamente las actividades de minería, con sus consiguientes efectos negativos en la vida y la cultura indígenas, en el medio ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
La estrategia, en ese sentido, de división territorial es algo que han hecho los partidos políticos, pero que, en esta lucha en particular, los maestros han logrado enfrentar, y unir a los habitantes de las diferentes regiones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde la lucha no es estrictamente por reivindicaciones educativas sino que se traslada ya a la defensa del territorio, la vida y la ecología. Tal vez eso es lo que detectaron las fuerzas federales en Oaxaca y quisieron dar este golpe de fuerza que permitiera romper esos lazos sociales y de autogestión comunitaria.
