El alcalde de Ometepec está coludido con la delincuencia, por eso evitó que entrara la policía de la UPOEG a Zacualpan: Bruno Plácido

•Tras el hecho, calificó al alcalde Omar Estrada como charlatán, torpe e ignorante •Es enemigo público de los pueblos originarios porque los somete, sostiene •Por la violación de los derechos indígenas, solicita la intervención de la Codehum

Misael Damián
Ometepec, Gro.
22 de junio de 2016

Luego de que la presencia de los policías aglutinados en el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) no fuera ratificada en la comunidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, porque intervino el alcalde Omar Estrada Busto, quien ‘convenció’ de ello a los dirigentes impulsores, en una reunión a puerta cerrada, Bruno Plácido Valerio dijo que éste no quiso que entraran porque está coludido con la delincuencia.

En un comunicado que envió a los medios de comunicación lamentó el hecho, en el que calificó a Omar Estrada como uno más de los “charlatanes”, que imponen los partidos políticos en municipios con población indígena, que lo único que han hecho es hundir más a los indígenas, pues la discriminación, marginación y manipulación están a la orden del día, el que en el discurso presume bienestar, pero la realidad es contraria: hay “abandono, manipulación y sometimiento gubernamental por la pobreza y la violación de los derechos humanos, civiles, sociales, colectivos, económicos y políticos”, vicios que se dan “por el encargado de protegerlos: el presidente municipal”, resume.
Expuso que, como promotor comunitario, lo que pasó en la comunidad amuzga deduce tres cosas: “Si no es torpe el alcalde, es ignorante; y si no encaja en estas dos calificaciones, entonces, está coludido con los asesinatos y demás atropellos que se han dado y se siguen suscitando en este pueblo y sus anexos.
Allí también explica que sólo así comprende por qué evitó a toda costa Omar Estrada que se estableciera la Policía Ciudadana; luego, remata: “En mi poca experiencia en el recorrido con los pueblos, me he dado cuenta que en donde hay más obstáculos por parte de los gobiernos municipales para que la población ponga a su policía, es donde los alcaldes forman parte de la delincuencia organizada; esos casos son palpables y están a la vista de todos, y este edil actúa de esa forma”, asegura.
 “El alcalde perredista debe entender que los indígenas somos gentes pensantes, que podemos autogobernarnos y ser sujetos de derecho colectivo”, que, de acuerdo a las Leyes y Tratados Internacionales vigentes, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaraciones de la ONU y la OEA, éstas señalan que los gobiernos están para facilitar y promover los derechos indígenas, para que se dé plenamente la libre determinación y autonomía, “no para someternos a sus caprichos, ni mucho menos amenazarnos. En Zacualpan fue lo que pasó: mis hermanos amuzgos trataron de impulsar su propio Sistema Normativo Interno de acuerdo a sus usos y costumbres, y el primer edil, lejos de apoyarlos, los sometió”, reclamó.
Ante esto, que llamó un pisoteo a los derechos legítimos, solicita la intervención de la Comisión de Derechos Humanos en el estado para tome cartas en el asunto, porque “no podemos permitir que el alcalde ni ningún otro funcionario del nivel que sea violente los derechos de nuestros hermanos indígenas del pueblo que sean. Dejamos claro que para nosotros Omar Estrada Bustos es un enemigo público para el desarrollo real de los pueblos indígenas”.
Enfatiza en su texto que Omar Estrada Busto pasará desapercibido en la historia y se enumerará como un alcalde más que somete con “bondades” para que se hagan las cosas como él las piensa, “de acuerdo a sus intereses y no como las necesidades lo ameritan y, al parecer, esto no sólo sucede con los indígenas sino con otras personas en otros ámbitos, que difieren de lo que dice o hace, tengo entendido”; después exigió que ya no exista discriminación, represión, ni más violaciones de los derechos colectivos, humanos, civiles, económicos y políticos de los indígenas y sus comunidades.
Relata en el comunicado que el pasado viernes, en la comunidad de Zacualpan, asistió a petición de varios dirigentes comunitarios que solicitaron que la UPOEG fuera y les explicara el reglamento y forma de trabajo del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que a su vez tiene a su mando a la Policía Ciudadana, porque ya no querían a la Policía Preventiva municipal, puesto que atropellaba sus derechos, les cobraba hasta 500 pesos la multa, no les informaba dónde iba a parar el recurso y no tocaba a los verdaderos delincuentes, quienes, con amenazas, lograron que huyera el sacerdote de la población.
Luego, cerca de 300 amuzgos, “con sus rostros seguros de sí”, aprobaron este Sistema de Impartición de Justicia, resolución que no agradó al presidente municipal, quien al siguiente día “platicó” con los dirigentes comunitarios a puerta cerrada en el Ayuntamiento “y así evitó que este Sistema de Justicia se concretara en este pueblo lleno de injusticias, violentando así flagrantemente el derecho a consulta que tienen los pueblos originarios, mismo que se encuentra estipulado en el Convenio 169”, describió.