Para reír o llorar están los spots que el gobierno transmite en los medios de comunicación para promover que la gente denuncie los delitos.
Cuando escucho que el argumento central es que sólo uno de cada diez son denunciados, es claro que las autoridades han encontrado en la cifra negra el pretexto para endosar la responsabilidad a los ciudadanos.
Esto sin tomar en cuenta que dicha obligación no la cumple la gente por la tremenda desconfianza hacia su pésimo trabajo en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como por el desenfado legislativo en la materia.
En Guerrero, los niveles de confianza de todas las corporaciones e instituciones que tiene que ver con esos tres importantes aspectos están por debajo de la media nacional.
En lo que respecta a la Policía Ministerial la diferencia es de 15 puntos porcentuales, en la Fiscalía y los Ministerios Públicos de 8.9 y en los jueces de 5.5; y no se diga de la Policía Federal que también tiene un nivel de confianza inferior en 10.5 puntos a la que goza en el resto del país, según datos del INEGI.
Los diputados locales y federales no están exentos. Aún cuando es notoriamente pública la grave situación de delincuencia que atraviesa el país y en particular el estado, nada hacen por legislar en la materia.
A nivel local, el ejemplo es la Comisión de Justicia que preside Héctor Vicario Castrejón, la cual tiene congeladas las iniciativas presentadas por los diputados de Movimiento Ciudadano para agravar las penas por halconeo, y tipificar la pederastia como delito.
Quienes cobran como diputados federales por Guerrero nada han hecho tampoco, por modificar el Código Penal Federal para que el delito de extorsión se tipifique como grave, y los extorsionadores no tengan derecho a enfrentar sus procesos en libertad, con el riesgo que esto representa para sus víctimas que los denunciaron.
Vamos, en la era de la tecnología siquiera hubieran de procurar que les pusieran un brazalete con localizador satelital, como se hace en otros países, para garantizar que permanecerán alejados de sus denunciantes que quedan en la total indefensión.
La extorsión es un delito en el que las denuncias incrementaron en más de 6 mil casos del año 2014 al 2015. Ese último año se denunciaron 18 mil 399 extorsiones.
Si tomamos en cuenta que la cifra negra es del 94.2 por ciento, la alarmante realidad de ese delito en Guerrero fue de más de 317 mil casos, muchos de los cuales, es un secreto a voces que terminan en asesinatos de comerciantes que se niegan a pagar lo que les piden.
Mientras no exista la voluntad de los diputados por adecuar la legislación a los nuevos retos, y de los servidores públicos para generar resultados que generen confianza en los ciudadanos, toda campaña para llamar a la delación está destinada a ser dinero público tirado a la basura, pues así las cosas, ¿cómo diablos denunciamos?
