Qué bueno que el gobierno federal se haya abierto al diálogo con los maestros; qué malo que sea luego de varios muertos y de quedar nuevamente en la penosa necesidad de esclarecer hechos vergonzosos ante la opinión pública internacional.
Aún no se esclarece la verdad histórica de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y ahora se debe dilucidar qué fue lo que realmente pasó en Nochixtlán, Oaxaca, en un país donde la política parece entenderse como la guerra por otros medios y no como instrumento de diálogo y construcción de acuerdos.
Las reformas logradas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que son las mismas que el PRI bloqueó al panista Felipe Calderón en el Congreso de la Unión, son efectivamente respuestas del Estado a determinadas problemáticas que pueden o no ser aceptadas por los sectores afectados, pero que de igual manera pueden o no funcionar como solución a los problemas que se dijo que resolverían.
En la energética por ejemplo, se decía que tendríamos gasolina más barata, entre otras cosas, y no es así.
En lo que respecta a la reforma educativa el hecho de evaluar a los maestros no implica una mejora en la calidad de la educación, sino una simple medida gerencial para desocupar plazas. El colmo es pretender que éstas sean ocupadas por cualquier profesionista como si un veterinario pudiera ser cardiólogo; o un arquitecto, ingeniero industrial.
Ese amago que venía haciendo el secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer para imponer la evaluación, es una contradicción al mismo espíritu neoliberal de la reforma que ha pretendido impulsar, ya que no puede haber competitividad sin especialización.
La evaluación esconde un indebido efecto retroactivo a la reforma, ya que implica el despido de quienes no aprueben el examen. Aún cuando tienen tres oportunidades, los profesores que ya contaban con una antigüedad laboral previa a la nueva Ley no pueden ser sometidos a tal requisito porque se pone en riesgo un derecho ya creado a la jubilación.
Es cierto que el gobierno tiene facultad de iniciativa y de promulgar leyes que, repito, pueden o no ser aceptadas por los afectados, pero éstos también tienen el derecho a organizarse y manifestarse, aunque a muchos, me incluyo, no nos parezcan las formas no convencionales de acción política que adoptan para hacerlo.
Sin embargo, ante la cerrazón oficial y el linchamiento mediático de que son objeto los maestros ¿a qué otras formas de manifestarse recurrirían?
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, hace bien en dialogar con los profesores, aunque a destiempo. Aún no se sentaba con el magisterio y ya los médicos iniciaban sus protestas contra la reforma de salud. ¿Se dejara crecer también ese movimiento hasta que se radicalice como el de los mentores?
