La CRAC-PC de San
Luis Acatlán: caso Bautista Aguilar. La credibilidad en riesgo de nuevo
La CRAC-PC
(Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) de San
Luis Acatlán, con sede en la ‘casa de justicia’ de El Tamarindo, recién salió
de una crisis que involucraba a coordinadores y comandantes con una serie de
hechos irregulares e ilegales, que iban desde el maltrato a los detenidos hasta
la protección o desprotección de los mismos, de acuerdo a arreglos que incluían
cobro de dinero, pasando por acoso sexual de mujeres emparentadas con
detenidos, entre otros. La comisión especial que se formó para investigar una
larga serie de denuncias encontró que varios coordinadores y comandantes eran
culpables de estos hechos, lo que devino en renovar estos cargos de dirección,
aunque también apresaron y expulsaron a miembros fundadores de esa organización
que cuestionaban duramente esta situación crítica, sobre todo porque sus
resultados se dieron a conocer coincidentemente con el estallido de un caso en
el que se maltrató en exceso a un detenido acusado de violación, al grado que
tuvo que ser llevado a Acapulco a ser atendido médicamente, pues se le agravó
un problema de una hernia. Al final, hasta se liberó a este profesor acusado de
violación para evitar que la situación fuera más embarazosa.
Al parecer, la desacreditada
etapa en que Abad García García tenía el control de este sistema de justicia
terminó. En cierto sentido, la CRAC-PC se renovó, pero ahora enfrenta de nuevo
una situación crítica que podría derivar también en descrédito cuando menos. Se
trata de la detención de un ciudadano de Arcelia del Progreso, municipio de
Azoyú, César Bautista Aguilar, quien fuera detenido el 27 de marzo en la
comunidad de Zoyatlán, municipio de Marquelia, a donde fue llevado con engaños
por un compadre suyo para que pudiese ser detenido por la policía comunitaria
de su pueblo, adscrita al sistema de justicia de la CRAC-PC de San Luis Acatlán.
Posterior e inmediatamente, César Bautista fue puesto ‘a resguardo’ en las
celdas de la casa de justicia de El Tamarindo. Desde esa fecha, aseguran sus
familiares, no se les ha permitido verlo y él permanece estando incomunicado, siendo
maltratado y amenazado, sin que nadie les notifique cuál o cuáles son los
delitos por los cuales está preso. Lo que conocen de su situación es a través
de terceros, pero ni las autoridades de su pueblo que ordenaron su aprehensión
ni las comunitarias que lo ‘resguardan’ han definido su condición, digamos,
jurídica. Las autoridades de la CRAC-PC sólo dicen que fue el pueblo de Arcelia
del Progreso quien pidió que lo mantengan preso y que ellos sólo hacen cumplen
con esa orden, y nada más, pretendiendo librarse así de cuestionamientos que
les resultan incómodos.
Los familiares de
César Bautista aseguran que detrás de esta ‘injusticia’ están el comisario
municipal y el presidente del comisariado ejidal de Arcelia del Progreso y un
coordinador de la CRAC-PC originario de esta comunidad, quienes pretenden
despojarlo de un terreno donde se encuentra el manantial que surte de agua al
pueblo a través de una supuesta donación o cesión de derechos, como hicieron
recientemente con un ciudadano de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán,
quien tuvo que acceder a ‘donar’ parte de su terreno para ser liberado. César
no robó ni mató, dicen, como para que esté detenido e incomunicado por la
CRAC-PC; tampoco se ha negado a que la gente utilice el agua de su terreno,
aseguran. Y califican como un secuestro este hecho; además, dicen, viola todas
las reglas de la CRAC-PC, quien aparece así como una institución que se utiliza
para robarle los bienes a los ciudadanos que dice proteger. Su esposa interpuso
una denuncia en la Fiscalía regional, por el delito de privación ilegal de la
libertad, señalando como principales autores de este delito al presidente del
comisariado ejidal de Arcelia del Progreso, Aristeo Zurita Bautista, y al
comisario de la comunidad, Crisanto Justo Abundis. Y no sólo a ellos, también
involucran a Hipólito Mosso, actual coordinador de la CRAC-PC y originario de
Arcelia del Progreso, a quien acusan de utilizar a esta organización para actuar
arbitrariamente en el pueblo, convirtiéndose en juez y parte en este conflicto,
por ejemplo, y lo menos que piden es que este coordinador sea depuesto del
cargo para que las cosas comiencen a aclararse.
El 10 de abril
pasado, un juez le concedió un amparo a César Bautista Aguilar por esta
situación. Sin embargo, cuando autoridades judiciales se apersonaron en la casa
de justicia de El Tamarindo para dar curso a la resolución que ordenaba su
excarcelación, los coordinadores presentes negaron su liberación y dijeron que
su situación tendría que ser definida por una reunión de coordinadores.
Por su parte, el 4
de mayo, las autoridades de Arcelia del Progreso, en conferencia de prensa dada
en San Luis Acatlán, han asegurado que todo ello es falso, que no pretenden
despojarlo del terreno, y también han desmentido que el 7 de abril la policía
comunitaria local haya intentado detenerlo, colocando troncos en la carretera y
hasta disparándole a la camioneta donde viajaba: los disparos fueron al aire,
aseguran. También acusaron a sus familiares de mentir. Sin embargo, una hija de
este detenido asegura que antes de la conferencia de prensa, en la casa de
justicia de El Tamarindo, iba a tenerse un careo entre su madre, Erma Zúñiga, y
las autoridades de su pueblo en relación al caso, y que ella acudió en su
lugar, porque su madre estaba enferma. Allí, dice, fue insultada y acusada de
difundir mentiras en los medios de comunicación y la amenazaron de que si
seguía haciéndolo la iban a acusar ante la CRAC-PC para que respondiera por
ello. Esta reunión, le dijeron, no era para tratar la situación de su padre,
sino “los chismes” que ellos, los familiares, andan difundiendo.
Posteriormente, el comisario municipal, Crisanto Justo, declaró en la prensa
que todo era un malentendido, que en realidad no estaban queriendo despojarlo
de su terreno y que si mandaron a apresarlo fue porque él no había hecho caso a
los citatorios que le habían estado enviando para tratar el asunto del
manantial, hecho que molestó al pueblo de Arcelia del Progreso, quien pidió su
aprehensión. Incluso, dijo que estaban trabajando porque César Bautista fuera
liberado, pero que su familia no quería cooperar con ello. También descalificó
todo lo declarado por estos familiares y los calificó de mentirosos.
Por su parte, los
coordinadores de la CRAC-PC se han negado sistemáticamente a informar o a dar
declaraciones o a responder cualquier cuestionamiento sobre el caso; a lo sumo
se han limitado a asegurar que él permanece ‘custodiado’ por orden del pueblo
de Arcelia del Progreso. Y esta explicación resulta insuficiente no sólo para
el detenido y sus familiares sino para la propia sociedad, pues no responde la
pregunta central en este caso: ¿por qué lo mantienen detenido, sin acusación,
sin un proceso, sin elementos sólidos que lo justifiquen? Ya lo dijeron los
denunciantes: esta actuación viola la propia reglamentación de la CRAC-PC, y
más si resulta cierto que uno de los coordinadores, Hipólito Mosso, está detrás
del conflicto, promoviendo el despojo de ese terreno y cometiendo injusticias
contra el detenido. Más allá de si la razón asistiera a las autoridades de
Arcelia del Progreso, y de los habitantes que las apoyan, la actuación de la
CRAC-PC en el caso es cuestionable y debe responder por ella, a riesgo de
deteriorar aún más la escasa credibilidad que heredaron de sus antecesores, la
misma que pareció renovarse con el cambio de dirección, pero que ahora parece
ir hacia el descrédito. Pero parece que no lo van a hacer: ni van a deponer a
Hipólito Mosso ni van a explicar los móviles de su actuación. No, tal vez hasta
que el hilo se rompa.
