**Abogados denuncian actos de corrupción en asuntos Jurídicos de la Sefina **La responsable del área sostiene que no hay liquidez en los ayuntamientos para pagar
SNI | Chilpancingo, Gro.
La crisis financiera generada por la ejecución de juicios laborales que se prolongaron durante varios años, desató la inconformidad de abogados que denunciaron supuestos actos de corrupción en contra del área de asuntos jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal.
Por medio de una denuncia pública, trabajadores de la Sefina, así como abogados especializados en el ámbito laboral, denunciaron la existencia de un grupo de funcionarios que pide a los actores de juicios ganados el 20 por ciento del recurso acumulado en la sentencia, a cambio de agilizar los pagos.
La respuesta de la titular del jurídico del área, Mayra Morales Tacuba, va en el sentido de que no hay recursos suficientes para cubrir de golpe todos los asuntos que ya están en la etapa de ejecución, pero que se acumularon durante varios años de omisión institucional.
De la denuncia
En una denuncia pública, en la que los autores se asumen como trabajadores de la Sefina y se dirigen al gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de la dependencia, Héctor Apreza Patrón, de primera instancia se invoca el derecho de mantener su identidad en el anonimato para evitar represalias.
En el texto se hace referencia a supuestos actos de corrupción por parte de la directora de Asuntos Jurídicos de la Sefina, Mayra Morales Tacuba, quien señalan, cuando fue designada en el cargo solicitó que se le informaran todos los problemas que había en el área, bajo el argumento de que ella “no toleraría ningún acto de corrupción”.
El escrito, que consta de dos cuartillas refiere que una vez que conoció los actos de corrupción que había dentro del departamento de asuntos jurídicos no los combatió, por el contrario, “convirtió a los presuntos responsables en sus aliados”.
La parte medular de la denuncia refiere: “En cumplimiento a diversos requerimientos del Tribunal y Junta de Conciliación y Arbitraje, y de los jueces de Distrito, ordena la retención de recursos económicos a los ayuntamientos, sin embargo, en lugar de entregarlos y ponerlos a disposición de las autoridades, con su equipo de funcionarios les ordena que los localicen y les piden un porcentaje del 20 por ciento para poder entregar los cheques”.
Hacen referencia a licenciados de apellidos Barroso, Manjarrez y uno de nombre Camilo, pero no se aportan los datos que facilitarían su identificación.
Denuncian que los actores son citados a las oficinas de dichos funcionarios “como si se tratara de asuntos particulares”.
Otra medida que aseguran, se utiliza para presionar a los trabajadores consiste en lo siguiente: “Manda a sus cómplices a entregar los cheques en forma personal para garantizar el pago del recurso que exigen”.
Aclaran: “Los cheques deben ser entregados en forma institucional por oficio, sin embargo esos cheques son enviados con un propio”.
La denuncia está acompañada con recibos de pago emitidos por la Secretaría de Finanzas, en parcialidades que van de 70, 34, 30, 20, 13 y hasta 9 mil pesos, para trabajadores que han ganado juicios a los municipios de Ajuchitlán, Zirándaro y Ciajunicuilapa.
Los asuntos que han generado inconformidad hasta el momento, se focalizan en juicios ganados por trabajadores despedidos injustificadamente por gobiernos municipales.
No hay petición de recursos a particulares
Consultada vía telefónica, la directora de Asuntos Jurídicos de la Sefina, Mayra Morales reconoció que tiene la posibilidad de realizar retenciones a los recursos de los municipios, cuando esto es mandato de una autoridad jurisdiccional, como son el tribunal de conciliación y arbitraje, o un juez federal.
La funcionaria precisó que las administraciones pasadas (no menciona cuantas), dejaron de retener y poner a disposición de los jueces, el recurso que generaron los laudos ganados por los actores.
Eso fue lo que permitió que los montos de cada juicio alcanzaran montos que hoy representan severas sangrías para los ayuntamientos.
“Se trata de laudos millonarios, no se pueden pagar de golpe porque no hay liquides en los ayuntamientos, además, sería un delito retener recursos de partidas federales que están etiquetadas para rubros específicos”.
Morales Tacuba, explicó que la Ley de Coordinación Fiscal solamente permite retener el 2 por ciento que les corresponde a los municipios sobre el impuesto de la tenencia, pero se toma en cuenta que hay municipios que tienen una recaudación muy baja por tenencia y entonces se buscan otras opciones, entre ellas el gasto corriente con la certeza de que no se puede tomar dinero destinado para la nómina, ya que eso genera crisis financiera en los ayuntamientos.
Reconoció que existen laudos millonarios, pero aclaró que eso se debe a la omisión de pagos generada en administraciones anteriores.
Lo que se cuida, destacó que es no generar el colapso financiero de los ayuntamientos que enfrentan la crisis derivada de la ausencia de pago en los laudos.
Negó que se pida el 20 por ciento del recurso destinado para los actores de los juicios, por lo que aseveró: “En lo que yo he estado no, tan se puede garantizar porque nunca hemos estado solos en una negociación, ahí lo que existe es una situación de desprestigio por parte de los abogados”.
En todo caso, solicitó que los denunciantes prueben lo que denuncian.
Explicó que lo que sí se ha hecho, es hablar con los ayuntamientos para que busquen la manera de pagar directamente los laudos, de tal suerte que algunos ya lo comenzaron a hacer, lo que ha propiciado acuerdos entre los actores, sus abogados y los representantes de los municipios.
A manera de ejemplo, expuso que hay juicios que datan de 1999 y del año 2000 o 2005, lo que en varios casos generan laudos que de primera instancia son impagables.
No todos se paga al 100 porciento
La directora del jurídico de la Sefina reconoció que no todos los laudos se pagan al cien por ciento, ya que se ha logrado conciliar con muchos de los actores.
“A tres meses de que asumimos, se han ahorrado para el gobierno del estado más de 15 millones de pesos, lo que se ha logrado a partir de platicar con la gente y de que reconocen que mucho de lo que se puso en las demandas no fue verdad, pero que causó ejecutoria por una mala defensa del Jurídico en su momento, o por las mafias que existen en el Jurídico, en el Tribunal y con los propios abogados”.
Bajo dicha circunstancia, destacó que el interés es buscar la conciliación con los actores, aunque rechazó que haya una petición del 20 por ciento de su recurso ganado para alguno de los funcionarios de la Sefina.
