PRIMERA DE DOS PARTESMisael Damián
Ometepec, Gro.
22 de junio de 2016
Luego de los rumores de que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero regresará a la política, hubo reacciones en el movimiento de los 43 desaparecidos de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde el asesor Vidulfo Rosales dijo que Aguirre debe de ser investigado porque tiene una responsabilidad penal en el caso de los estudiantes desaparecidos, y también emplazó a la clase política a actuar con ética y al perredismo, a ponerse del lado de las víctimas.
Entrevistado por Diario Alternativo, Vidulfo Rosales expuso que para él y los padres de los estudiantes Ángel Aguirre Rivero tiene una gran responsabilidad, no sólo administrativamente hablando, sino también de carácter penal, por ello, ellos ya tienen diligencias para que comparezca para aclarar muchas cosas en torno a lo que les pasó a los jóvenes, porque cuando estuvo fungiendo como gobernador, estuvo enterado, a través de C4 y de otras fuentes, de lo que estaba ocurriendo el 26 y 27 de septiembre; sin embargo, “hubo una total omisión para prevenir las desapariciones y asesinatos; eso es una responsabilidad penal, que hoy se tiene que investigar”.
Y dio a conocer que existe acción penal contra el expresidente municipal de Iguala por los 43 estudiantes en calidad de secuestro, pero que no está siendo procesado de desaparición forzada “porque hubo deficiencias técnicas”.
Dijo que como, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, emplaza a la clase política a que tenga más ética, “a los de la izquierda o los que se dicen ser de izquierda, concretamente el PRD, a que se pongan del lado de las víctimas, del lado de los pobres; a que se pongan del lado de la gente de los que los eligió”, y exigir que haya justicia sin importar si hay un funcionario de peso involucrado en los hechos: el actuar del PRD debería de ser la exigencia del esclarecimiento de este hecho, hecho que avergüenza al mundo”, puntualizó.
Para Vidulfo Rosales el PRD “navega en el mar de la indefinición política e ideológica desde hace tiempo, es un partido que dejó de ser de izquierda; ahí lo que podemos ver: es una bola de arribistas, una bola de personas pragmáticas, convenencieros, acomodaticios, que lo único que buscan es enriquecer su patrimonio personal, ésa es la triste realidad de un PRD que, hoy en día, tenemos”, y mencionó que la historia lo acomodará en su lugar, pues es un partido que está condenado a desaparecer.
Luego, el abogado se dedicó a relatar parte del proceso que –señaló– la ciudadanía debe de conocer: después de los hechos del 26 y 27 de septiembre se abre una averiguación previa en Iguala, donde se dieron las primeras declaraciones de los estudiantes; también se decreta un arraigo de 24 policías municipales, quienes, al hacerles la prueba de rodisonato de sodio para saber si dispararon algún arma, dieron positivo 19 de ellos y, aparte, son señalados por los propios estudiantes como los que los habían agredidos con sus armas. El día 28 se abre otra averiguación, ahora por el delito de desaparición forzada en la ciudad de Chilpancingo; luego de seis días, interviene la Procuraduría General de la República, atrayendo las dos averiguaciones, para después abrir otra investigación en la SEIDO, en Ciudad de México.
La otra etapa que reconoce el abogado como importante en el proceso de las investigaciones en torno a los hechos es la que se da en el mes de enero del año pasado, cuando el gobierno federal construye su verdad, la que dio giro como oficial en los medios masivos de comunicación, “una supuesta conclusión, que nosotros conocemos como la verdad histórica”, donde la PGR concluye diciendo que los estudiantes fueron a la terminal y, después de tomar los autobuses en el periférico norte, fueron agredidos y luego entregados a la delincuencia organizada, quien los llevó al basurero de Cocula, donde fueron asesinados e incinerados.
Lo otro tiene que ver con las actividades del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la entrada del equipo argentino de Antropología Forense, que contribuyeron en la investigación, éste último haciendo el trabajo de la identificación de los restos humanos y del lugar, y el GIEI revisando todas las constancias y líneas de investigación, así como las implicaciones de gentes del gobierno en estas. Explicó que esta etapa, que concluye el 6 de septiembre con el primer informe que rinde el GIEI, que, luego de un análisis, da un giro, y el 6 de diciembre, para los padres de los estudiantes, de acuerdo al C4, por las videovigilancias, en resumen, queda establecido contundentemente que los jóvenes fueron a Iguala para hacer una colecta y tomar autobuses que ocuparían para trasladarse a la conmemoración del 2 de octubre en la ciudad de México; queda atrás la hipótesis de que ellos fueron a Iguala a boicotear el acto de la entonces presidenta del DIF municipal María de los Ángeles, de igual manera, que no llevaban armas.
Después de lo anterior, “también se evidenció que existieron varias escenas del crimen: estamos hablando de lo que sucedió en la calle Juan Álvarez y periférico norte, el palacio de justicia, el crucero de Santa Teresa y del autobús Estrella Roja, donde había alrededor de 15 estudiantes, cuyas acciones se dieron de manera simultánea, por lo que se entiende que participó el Ejército, la Policía Federal y Estatal, porque era imposible que sólo fueron los de la policía municipal, entonces, por ende, “no era un problema local sino uno más federalizado”.
