sábado, 25 de junio de 2016

El Ejército apoyó a los agresores y por ello tiene que responder: Vidulfo Rosales

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

•Funcionarios de alto nivel están ligados con Guerreros Unidos en negocios que estos tenían en Iguala, por ello evitaron dar con la verdad, sostiene •En la línea de Huitzuco, que se investigue a El Caminante y El Patrón

Misael Damián
Ometepec, Gro.
23 de junio de 2016


Luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto desprestigiara el movimiento de los padres de los normalistas desaparecidos, que terminó con la salida pronta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres negociaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la conformación de la Mecanismo de Seguimiento Especial (MSE) para seguir con el caso Iguala, para afrontar al gobierno, el que, consideran, seguirá insistiendo para imponer su “verdad histórica”, expuso el abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien ha estado desde un inicio en el movimiento.

Entrevistado en una casa particular en esta ciudad, dijo que esto ya fue aprobado el pasado 14 de abril y se pidió porque no se ve que haya una investigación imparcial que conduzca a la verdad, por parte del gobierno, y la CIDH está facultada para monitorear las violaciones graves de los derechos humanos en los países.
Dijo que probablemente se nombren dos comisionados y otros más para que estén en el país cada mes y medio y revisar los expedientes del caso, así como entrevistarse con los involucrados, para luego dar recomendaciones al gobierno de cómo deben seguir las investigaciones; afirmó que la propuesta, que durará un año, no ha podido avanzar porque la CIDH está atravesando por una crisis financiera, la que, incluso, lo ha obligado el recorte personal. El trabajo del MSE es visitar el terreno, monitorear la investigación, dar seguimiento a lo que dejaron los expertos y el monitoreo de recomendaciones que en su momento presentaron.
Explicó que en el caso del basurero de Cocula, los expertos argentinos de Antropología Forense concluyeron que no hay evidencias científicas que en los días 26 y 27 de Septiembre se haya llevado una incineración y hasta ahora no hay pruebas de que los restos encontrados en ese lugar pertenezcan a los estudiantes, por lo que el GIEI calificó el informe del gobierno como un montaje urdido por la SEIDO, por lo que se creó un grupo especial, conformado por un equipo multidisciplinario de alrededor de 50 personas entre Ministerio Públicos, Peritos, Arqueólogos, Antropólogos forenses y policías especiales para investigar el caso que no terminó como debiera ser, porque se les terminó el tiempo a los expertos, ya que tuvieron muchos obstáculos por parte del gobierno federal.
Expuso con certeza que si no se da el MSE, el gobierno seguirá respaldando su informe, que se conoce como ‘la verdad histórica’, porque ya no quiere seguir con las investigaciones, cuando se tienen líneas importantes, como la de telefonía celular de los estudiantes, que ha demostrado que 7 tuvieron actividad entre los días 26 al 30 en distintos lugares, que no se han investigado, que por eso ellos visitan a las regiones para hacer presión, “para hacer contacto con los movimientos sociales, con los pobres que sufren las injusticias y que están dispuestos a alzar la voz igual que nosotros”.
También, al igual, la línea de Huitzuco, que señala que la Policía Federal entregó a los estudiantes a la policía municipal, junto con los nombres que resaltan, como El Caminante y El Patrón, así como el quinto autobús.
Expresó que ante todo esto se entiende que todos los cuerpos de seguridad estaban abocados a no dejar que saliera ningún autobús de la ciudad, por eso colocaron los filtros, uno, en la ciudad, otro, en las afueras, y el último, en los municipios aledaños, que fue entre las 10 de la noche del 26 hasta la una de la mañana del 27; con esto quedó al descubierto que no se quería que saliera ningún camión del servicio público porque alguna sustancia ilícita transportaba, y que el objetivo de todos los que participaron en estos filtros era impedirlo a toda costa.
Ante todo esto, manifestó que se intuye que hay autoridades de alto nivel que tienen responsabilidad directa en este caso, que están involucradas y tuvieron una participación activa, “están metidas en cuestiones ilícitas que los liga directamente con Guerreros Unidos o con el negocio que estos tenían en Iguala”, por ello –indicó–, desde un inicio impidieron dar con la verdad, que prueba de esto es que un video que se genera en el Palacio de Justicia que captó todo lo que en ese lugar estuvo sucediendo con los estudiantes, dentro de los trámites simplemente después ya no apareció; lo mismo –dijo– habrá que preguntarse por qué un marino que presentó un bolsa con restos humanos del río San Juan, nunca quedó claro la cadena de custodia sobre cómo se dieron los hechos, no se tiene el nombre de quién los entregó ni de quién los presentó a la PGR, y cómo es que uno de esos marinos está muerto hoy en día, “esa ruta no está establecida. A nosotros no nos queda claro, se nos hace muy sospechoso. Porque nos dábamos cuenta que cuando los expertos se acercaban a algunas hipótesis, los obstáculos eran más fuertes”, con todo esto se percibe que alguien muy cercano está involucrado en este asunto, enfatizó.
Sobre el Ejército declaró que ya no interesa mucho a estas alturas que sean entrevistados, pero que sí se está exigiendo que se abra una línea de investigación contra ellos, porque está demostrado, de acuerdo a los expedientes, que tuvieron mucha participación, pues hubo despliegue de personal en varios escenarios donde fueron los hechos, que es necesario que se investigue porque está claramente comprobado que el despliegue que hubo no fue para ayudar a los estudiantes, “sino fue para prestar apoyo a los agresores, y ante esto el ejército tiene que responder”.

Vidulfo Rosales, abodado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, con Felipe Flores en un mitin en Ometepec. Foto: Misael Damián