En Diario Alternativo estamos preocupados porque la mayoría de los gobiernos municipales se adueñan o intentan adueñarse del derecho a la expresión libre en los medios de comunicación a través de firmar convenios con sus directivas, no para difundir sus acciones ni los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, sino para que los periodistas y los medios de comunicación difundan una imagen edulcorada de los alcaldes y den una visión parcial de sus actos de gobierno, en la que se resalten sus supuestas bondades y aciertos y se supriman las críticas, los disensos y la propia verdad de los hechos que no los halagan y contradicen sus discursos, o que, de plano, no les gusta.
El Ayuntamiento de Ometepec es uno de estos gobiernos. No es el único, claro, el de Cuajinicuilapa también hace lo propio.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En la Costa Chica son los funcionarios públicos quienes pretenden coartar ese derecho, consiguiéndolo muchas veces a través de compra de opiniones y de silenciar informaciones por medio de coaccionar a los periodistas a través de regalos diversos, dinero, comidas, bebidas alcohólicas, festejos, vales de gasolina y muchas formas más, y a través de los convenios de difusión de obras con las directivas, y muchas veces a través de amenazas. Incluso, en algunas administraciones municipales anteriores, a algunos dueños de medios informativos se les adjudicaron obras públicas como forma de controlarlos.
El presidente de Ometepec, Omar Estrada Bustos, y su directora de Comunicación Social, actúan de ese modo, tratando de intimidar y amedrentar a periodistas y directivos que no pueden ‘someter’ a través de convenios o de ‘chayotes’, también reclamándoles a estos la publicación de informaciones plenamente verificadas y que no pueden desmentir con datos o hechos, interviniendo muchas veces para cuestionar y ordenar cuáles deben ser la línea editorial, el enfoque de la información y hasta los términos que deben utilizarse para redactar una nota.
Esta conducta reiterada de ambos funcionarios intenta coartar el derecho a la libre expresión, y es una forma abierta de censura. No es casual que la organización Artículo 19 señale que los funcionarios públicos son los que representan una mayor amenaza para los periodistas y a la libertad de expresión.
Por otro lado, muchos gobiernos municipales actúan con doble rasero: en su discurso dicen respetar y estimular (y hasta ‘festejan’) la libertad de expresión, pero en los hechos actúan para limitarla y coartarla, como ocurre con el de Ometepec. Por ello, este tipo de festejos son demagógicos e hipócritas, además de que utilizan recursos públicos para cometer actividades ilícitas, como lo es la coerción de ese derecho, pretendiendo ‘festejar’ un derecho que no respetan y atropellando de paso el derecho de sus ciudadanos a estar informados.
Los gobiernos que así actúan deben abstenerse de hacerlo y respetar el quehacer de los periodistas y las directivas de los periódicos. Si quieren ser congruentes con su discurso, deberían contratar espacios en los medios que garanticen una circulación masiva, que realicen su trabajo con profesionalismo (lo que incluye regirse por un código de ética) y que abonen a la información pública, en beneficio no de los propios funcionarios y representantes sociales sino de sus gobernados. Tampoco deben olvidar actuar institucionalmente, es decir, no deben olvidar el respeto que deben a los canales establecidos para interactuar con los periodistas y los directivos de los medios, por ejemplo, acudiendo a su derecho a réplica cuando crean afectados sus intereses. Lo otro, es mantener una relación de respeto con los periodistas y los directivos de los medios de comunicación.
Todo lo anterior no obedece al capricho o a la libre interpretación de las regulaciones en la materia, sino al deber ser de la libertad de expresión, y a los hechos que cotidianamente hemos vivido en los últimos 8 meses, distancia en que se dieron los cambios constitucionales en los ayuntamientos. Lo ponemos por escrito porque suele omitirse u olvidarse, o hacer como si no existiese. Y porque creemos en ello y tenemos la firme determinación de seguir avalándolo con nuestra práctica cotidiana, pues es más importante y significativa la labor de Diario Alternativo en beneficio al derecho a la información de los ciudadanos, que el capricho, que las mezquinas aspiraciones políticas de los funcionarios y servidores públicos, que el propio beneficio del dinero que pudiera utilizarse para coartarla.
