Manuel MontoroSan Luis Acatlán, Gro.
29 de abril de 2016
El miércoles 27 de abril, a las 2 de la tarde, aproximadamente, en la comunidad Hondura Tigre, anexo de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, fue desarmado y detenido un grupo de policías ministeriales por comunitarios locales cuando iba a ejecutar varias órdenes de aprehensión; después de una negociación con autoridades estatales, los cinco fueron liberados, con el compromiso de avisar a la autoridad local cuando tuvieran que actuar en sus territorios.
De acuerdo con información obtenida por Diario Alternativo, el miércoles, varios policías ministeriales se dirigían a aprehender a un ciudadano de Llano Silleta, anexo también de Buena Vista, y los habitantes de Hondura Tigre, en coordinación con policías comunitarios locales, cerraron las salidas del pueblo, los desarmaron y los detuvieron.
Posteriormente, los policías comunitarios trasladaron a sus homólogos a Buena Vista y los encarcelaron en la comisaría; sin embargo, las autoridades de esa comunidad no permitieron que este reportero tomara fotografías de los detenidos ni quisieron dar información.
Además, en la entrada a Buena Vista se colocaron camionetas para impedir el acceso a vehículos automotores, presumiblemente para evitar que ingresaran a rescatar a los policías ministeriales detenidos.
Por su parte, Humberto Martínez Pastrana, comisario municipal, informó que la detención se realizó porque se metieron a un territorio comunitario sin notificárselo a él, en su calidad de autoridad local.
Martínez Pastrana dijo a este medio informativo que esperarían a los superiores de los policías detenidos para que hubiera una negociación.
Por la tarde, este reportero vio en afuera de la agencia del Ministerio Público tres patrullas de policías ministeriales que, presuntamente, irían a Buena Vista, para negociar la liberación de los detenidos.
Sin embargo, no sería sino hasta el jueves 28, a las once de la mañana, cuando se entablara la negociación entre las partes, por unas cinco horas, la que concluyó con la liberación de los ministeriales detenidos.
Después de estas negociaciones, a las 4 de la tarde, en una asamblea pública realizada en el auditorio municipal, en la que estuvieron presentes unos cien ciudadanos y autoridades de locales y de comunidades anexas a Buena Vista.
Por parte de las autoridades foráneas estuvieron el fiscal regional, Víctor Parra, el titular del MP José Vélez Zapata, el comandante regional Abel Álvarez Martínez, el comandante de Marquelia César Díaz, y funcionarios del Ayuntamiento de San Luis Acatlán para atestiguar y avalar los acuerdos allí tomados.
Por la contraparte estuvieron los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria que tienen su sede en El Tamarindo, también para atestiguar y avalar tales acuerdos.
En la asamblea, las autoridades comunitarias y los ciudadanos le dijeron al fiscal regional que la condición para liberar a los policías ministeriales era que se desistieran en las órdenes de aprehensión que iban a ejecutar; también pidieron a las partes demandantes que se hicieran lo mismo.
También pidieron que la policía ministerial no vuelva a ingresar a sus comunidades, pues éste es un territorio comunitario que se rige a través de autoridades también comunitarias.
En respuesta, las autoridades ministeriales aceptaron firmar un acuerdo donde se establecía que su policía ya no operara en esos territorios o, en caso obligado, notificar antes al comisario municipal, y se comprometieron a trabajar en coordinación.
En cuanto a la petición de desistimiento de las órdenes de aprehensión, se acordó que las autoridades ministeriales buscarían una solución acorde con la solicitud.
Así, fueron liberados Ricardo Suástegui Zambrano, Miguel Ángel Benítez Palacios, Leonardo Olmedo Morales, Ulises Betancourt Salgado, Jesús Herrera Ceballos y el perito Martín García Estrada.
